Si fumas no trabajas

La adicción se generaliza como causa de despido en EE UU – La lucha antitabaco llega al límite con la exigencia de análisis de orina y sangre al empleado

DAVID ALANDETE 19/02/2011 (El País)

Es el peor temor de cualquier desempleado que, además, sea fumador. Desde el próximo 1 de marzo, la red de hospitales de Franciscan Health System, del Estado de Washington, no contratará a aquellas personas que tengan nicotina en su cuerpo.

Es el peor temor de cualquier desempleado que, además, sea fumador. Desde el próximo 1 de marzo, la red de hospitales de Franciscan Health System, del Estado de Washington, no contratará a aquellas personas que tengan nicotina en su cuerpo. “La nicotina se añade a la lista de sustancias que se tratarán de detectar en el periodo que media entre el momento en que le ofrecemos a alguien un trabajo y cuando el candidato se incorpora a la empresa”, ha dicho la compañía en un comunicado oficial. “Si el candidato da positivo, sea cual sea la fuente, será eliminado de la lista de candidatos a considerar”. Franciscan Health System es una de las mayores empresas de su área, y contrata a 8.100 trabajadores.

Después de que la Administración prohibiera el tabaco en espacios públicos cerrados y compartidos; de que incrementara los impuestos sobre las cajetillas de cigarrillos y restringiera la publicidad pagada por empresas tabacaleras, el nuevo debate lo protagoniza el sector privado. ¿Tienen las empresas derecho a despedir o rechazar candidatos que fumen? ¿Obedece esa campaña a motivos de salud o de imagen? ¿Afecta en el puesto de trabajo que una persona consuma cigarrillos en sus horas libres, en su residencia privada?

En Estados Unidos, estas prohibiciones son solo parcialmente legales. De los 50 Estados que conforman la Unión federal, 29 han aprobado leyes que impiden discriminar a los fumadores. En el resto no se ha aprobado ninguna medida semejante y es legal despedir o no contratar a los fumadores. Las empresas alegan todo tipo de razones para tomar estas medidas: incremento de los gastos de prevención, aumento de las bajas por enfermedad y descenso de la productividad por parones en el trabajo para fumar.

El caso es que, a la larga, y en 21 Estados norteamericanos, es perfectamente legal despedir o no contratar a fumadores. Llamó la atención sobre ello, en 2006, Scott Rodrigues, cuando fue despedido de The Scotts Co., una empresa dedicada a la jardinería, según dijo él en su demanda “por fumar en privado, nunca en horario laboral, siempre fuera del lugar de trabajo”. La empresa implementó, en 2005, una nueva norma por la cual haría análisis de orina aleatorios a los empleados. Los que dieran positivo, serían despedidos fulminantemente.

En agosto de 2006 se sometió a Rodrigues a uno de esos análisis, dio positivo y fue despedido. En su demanda, presentada en 2007 en la corte federal del distrito de Massachusetts, este admitió haber fumado. Pero, añadió, “nunca en el trabajo… ni siquiera en los periodos de descanso en jornada laboral o en presencia de otros empleados o clientes de Scotts”. Destacó, además, que la empresa se había centrado en combatir el tabaco pero no otras dolencias tan costosas o más.

“Scotts no fuerza a sus empleados a evitar otras prácticas legales pero insanas, incluidas la obesidad, el consumo de alcohol, no hacer deporte, paracaidismo, exceso de horas ante el televisor, consumir demasiados productos azucarados, ser dueño de mascotas peligrosas, volar en avionetas privadas, hacer montañismo, participar en carreras de esquí de descenso, manejar yates en solitario o fumigar céspedes con químicos de composición tóxica”, dijo.

Suena, es cierto, a broma. Pero para las personas afectadas no lo es. Rodrigues perdió su trabajo y, eventualmente, la demanda, en 2009. No está solo. Su caso no es único o aislado. Ni siquiera es de los más flagrantes porque él había trabajado para su empresa dos semanas. ¿Qué sucede si, en lugar de 14 días, hubieran sido más de 5.000, 14 años de leal servicio a una empresa? Podría responder Anita Epolito, que en 2005 fue despedida por sus jefes de la empresa consultora de seguros de Michigan Weyco. Había fumando ocasionalmente en los descansos de su jornada laboral y fumaba en casa. El uno de enero de aquel año sus jefes prohibieron el tabaco dentro y fuera de la oficina. Un análisis de orina reveló que había fumado. En su casa. Fue despedida. “¿No significan nada mis 14 años de servicio a la empresa?”, le preguntó a su jefe. “Lo siento, pero no”.

Con el nuevo año, la polémica la ha reavivado una agrupación de hospitales de Massachusetts, que ha implementado una estricta política para efectuar análisis de orina y rechazar a cualquier solicitante de trabajo que fume. Son malas noticias para los fumadores en una economía difícil y en la que el paro, en EE UU, ha alcanzado al 10% de la población activa. Se trata de la Asociación de Hospitales de Massachusetts (MHA, por sus siglas en inglés), que engloba a más de 90 centros médicos y hospitalarios en aquel Estado.

“En MHA y los hospitales que la conforman tenemos una larga tradición de compromiso con las iniciativas que fomentan la salud y el bienestar de nuestros pacientes”, explica Lynn Nicholas, su consejera delegada. “Nuestra asociación defiende el principio de que se debe trabajar a favor de la salud. Apoyamos el derecho de todos nuestros trabajadores para desempeñar sus labores en un medio ambiente sano, libre de humos. Y predicamos con el ejemplo”.

Nicholas esgrime diversos datos: que cada año mueren en su Estado 80.000 personas por complicaciones relacionadas con el tabaco, como enfisema, cáncer de garganta y pulmón o enfermedades cardiovasculares. Añade que, de promedio, los fumadores viven 14 años menos que los no fumadores. Pero ¿dónde acaban los derechos de los no fumadores y comienzan los de los fumadores? Y, como se preguntaba el jardinero Rodrigues, despedido en 2006, ¿por qué no perseguir otras conductas de riesgo?

“En MHA nos centramos exclusivamente en el consumo de tabaco. No podemos considerar a los fumadores como una especie protegida, como sucede con otras adicciones. La del tabaco es una adicción que supone la mayor causa de muertes prevenibles que se registra cada año. Los cigarrillos causan más muertes que dolencias como el sida, accidentes de tráfico, asesinatos, suicidios y abuso de drogas ilegales, combinados”.

En EE UU, y a pesar de diversas políticas públicas en contra del tabaco por parte de la Administración, sigue fumando uno de cada cinco ciudadanos, 42 millones en total. El Instituto Nacional de Salud norteamericano (NIH, por sus siglas en inglés) calcula que, solo en el siglo XX, el tabaco mató a más de 100 millones de personas. Si las tasas de consumo de nicotina se mantienen como ahora, la cifra puede ascender a los 1.000 millones durante el siglo XXI. Las políticas antitabaco son comunes en ambas costas del país, en Estados como California o Nueva York, pero la nicotina sigue campando a sus anchas en otros Estados centrales y más rurales, en zonas económicas más depauperadas. Es allí, en Estados como Virginia Occidental (donde fuma el 27% de los adultos), Indiana (el 26%) o Kentucky (25%), donde el tabaco causa el 90% de casos de cáncer de pulmón, según el NIH. Según estudios realizados en esos entornos, el humo del tabaco mata en todo EE UU a unos 450.000 fumadores y a unos 38.000 fumadores pasivos, aquellos que no fuman pero inhalan el humo de los que viven o trabajan junto a ellos.

Pero, ¿cuánto cuesta el alcohol? ¿Y la obesidad? ¿Son equiparables al consumo de nicotina o más caros? ¿Dónde acabará la lista de razones para no contratar a alguien? Es lo que se preguntan otros expertos y defensores de lo que llaman derecho del trabajador a la privacidad, como Lewis Maltby, presidente del lobby Workrights Institute, que ha emprendido una campaña de dimensiones nacionales contra el despido o la no contratación de fumadores. “Obviamente no se están violando los derechos legales de los trabajadores porque no hay leyes al efecto en 21 Estados, pero estoy seguro de que sí se están violando sus derechos morales”, afirma.

“No hay nada que haga del tabaco algo tan especial como para someter a los fumadores a esta campaña”, añade. “Hay una larga lista de cosas que hacemos en nuestra vida privada que tienen efecto tarde o temprano en nuestra salud, sea tabaco, sea cerveza o sea alimentación. ¿Se va a poner una empresa a averiguar si hemos cumplido con nuestros impuestos? ¿O si tenemos multas de tráfico? ¿Van a dejar de contratarnos por ello? Esas empresas hospitalarias que ahora no contratan a fumadores no operan, como dicen, para ahorrar en gastos sanitarios. Es más bien una cuestión de imagen. Lo hacen como un lavado de cara, porque queda mejor ante la clientela”.

Para Maltby, el del tabaco es un episodio más en un largo serial de agravios al trabajador: “En este país las empresas se han permitido despedir a personas por casi cualquier motivo. Han despedido a trabajadores por beber cerveza, por tener demasiado sobrepeso o por conducir mal. Cualquier razón es válida”. Es cierto que en 29 Estados hay leyes que protegen al fumador. Es el resultado de una agresiva campaña por parte del lobby del tabaco, financiado por la empresa Philip Morris (fabricante de Marlboro, Chesterfield y L&M, entre otras marcas) y diversas asociaciones de defensa de los derechos civiles, como la American Civil Liberties Union, que respondían al intento de diversas grandes empresas, como Turner Broadcasting, de no contratar a fumadores hace dos décadas.

“Fue Philip Morris quien financió esas medidas, con cuantiosas contribuciones a legisladores de aquellos Estados”, explica el profesor de Práctica de Salud Pública de la Universidad de Harvard Gregory N. Connolly. Este experto, director del Centro para el Control Global del Tabaquismo, asegura que el esfuerzo de las empresas por disuadir a los trabajadores de consumir nicotina es encomiable. “No hay nada malo en ello. Los fumadores incrementan el gasto sanitario de esas empresas, que son las que suelen pagar sus seguros médicos. Registran menos productividad. Enferman más. Además, los fumadores nunca pagan el coste real de consumir tabaco. Ellos compran sus cajetillas, pero el gasto sanitario lo asumen otros, como sus empleadores. Es hora de que se den cuenta de ese coste real”.

El profesor Connolly también utiliza una lista de agravios comparativos para defender la no contratación de fumadores. “Sucedería lo mismo con otras adicciones. Si yo fuera empresario tampoco contrataría a adictos a otras sustancias. Dudaría de la productividad de alcohólicos, consumidores habituales de morfina o de cocaína. ¿Por qué debemos hacer una excepción con el tabaco? ¿Porque es legal? El alcohol también es legal”. Añade que el caso de los hospitales está, si cabe, más justificado: “¿Qué mensaje estamos mandando a los pacientes de cáncer de pulmón si el médico o el enfermero que les cuida fuma? Es, desde luego, un mal ejemplo”.

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